Respeto al salario

Una idea importante del Papa Leon XIII en la “Rerum novarum”, de hace más de un siglo, era que los trabajadores tenían que poseer también un patrimonio. Cuarenta años después, en la “Quadragesimo anno”, Pío XI la secundaba y añadía que tal idea “no podrá tener efectividad si los obreros no llegan a formar con diligencia y ahorro su pequeño patrimonio, como ya hemos indicado, insistiendo en las consignas de nuestro predecesor. Pero ¿de dónde, si no es del pago por su trabajo, podrá ir apartando algo quien no cuenta con otro recurso para ganarse la comida y cubrir sus otras necesidades vitales fuera del trabajo?”.

La cuestión del salario esta ligada además con el respeto a la persona y a la libertad que le corresponde. En efecto, no puede hablarse de una libertad realmente garantizada en la sociedad si las personas carecen del dominio de un mínimo de bienes. Ese era el engaño de la idea de que si libremente alguien se contrataba por un salario, aunque fuera ínfimo, con ello se cumplía la justicia. El problema es que si a la persona no le quedan alternativas sino la de recibir muy poco o prácticamente morir de hambre, no se puede hablar de libertad.

El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia también señala este punto y asienta que “el salario debe permitir un cierto ahorro que favorezca la adquisición de alguna forma de propiedad, como garantía de libertad”. El salario justo es entonces una exigencia en la que se juega también la libertad de las personas.

No pagar el salario o pagar un salario injusto como tal se hace a veces de modos astutos en los que se busca encubrir la injusticia. Quien posee mucho y es dueño del capital ciertamente puede abusar de su posición y deben establecerse leyes para proteger a los trabajadores, como de hecho existen en muchos países democráticos. Pero las grandes diferencias económicas y de poder pueden darse, y de hecho se dan, entre el Estado y sus trabajadores.

No es lícito a los políticos que detentan el poder sustraer nada al sueldo de los trabajadores que de una u otra forma prestan sus servicios en los entes públicos, fuera de los impuestos que corresponden a todo ciudadano según la ley. Es una grave injusticia, que las leyes deben penalizar, poner cuotas o cooperaciones, aunque se llamen “voluntarias” a los trabajadores en favor, de una u otra manera, de los proyectos, grupos o personas que gobiernan, porque el peso del aparato gubernamental actúa como una fuerza a la que el trabajador no puede oponerse, por temor incluso a perder su empleo. Es una injusticia que clama al cielo.

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